Ante la muerte natural del acusado y detenido General Augusto Pinochet

Escribe Manuel Clavell Carrasquillo

Nunca imaginó el dictador chileno que el brazo largo de la ley lo tocaría en Londres, mientras convalecía de una operación quirúrgica y era felicitado por su protectora la Tatcher. Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional española, había activado una orden de captura internacional para que compareciera al proceso en su contra incoado por el Estado en favor de los ciudadanos españoles detenidos-desaparecidos bajo su siniestro mandato, que duró 17 años infames. Existe responsabilidad penal internacional, pero el sátrapa logró esquivarla argumentando una condición de insanidad mental.

El juez Garzón, con su acción firme ultramarina, que aplica de igual modo contra los responsables del terrorismo del nacionalismo vasco de izquierdas, desencadenó el principio del fin del manto de impunidad que muchos trataron de utilizar para encubrir al terco hombre de las gafas oscuras, el traidor (no hay que olvidar que traicionó la delegación militar que le hiciera el Presidente Allende) asesino general Augusto Pinochet. ¿Cuánto puede castigar a un autócrata un proceso judicial, sus onerosas citaciones, comparecencias e interrogatorios? No mucho, quizás. Sin embargo, para las Madres de la Plaza Mayo en Argentina, por ejemplo, el sometimiento se trata de gran cosa.

Ellas, como demócratas sin cortapisas, crecidas en términos políticos más allá de los límites izquierda-derecha que suponen las muertes de sus hijos, entienden que la manera de pagar los asesinatos no es colocando al déspota en estado de excepción a través de la bala de un francotirador. Todo lo contrario, afirman que su fortaleza estriba en que los dictadores han tenido el beneficio que sus hijos no tuvieron: juicios públicos (no militares), justos e imparciales más, siempre pidieron, cárcel junto a los presos comunes.

De esa forma, no han devuelto sangre con sangre, sino con una ceremonia indeleble: al dictador había que hacerle reconocer -aunque fuese esposado- que no está por encima de la ley y ese reconocimiento pondría fin a su larguísima dictadura simbólica, pues estamos de acuerdo en que ésa es la peor de todas las posibles: roja o fascista, ¿qué más da? 30,000 detenidos desaparecidos en Argentina son fáciles de vengar pero no así los efectos más tenebrosos de la tiranía insertada en las mentes de toda la población.

Gran respeto, entonces, para los valores cívicos del juez Garzón, las Madres y las organizaciones afines en Chile, para mí los verdaderos revolucionarios que celebran hoy. Lástima que el general haya muerto preso-domiciliario, aunque sin convicción, pero como él -en todas partes- hay muchos más.