Escribe Josean Ortiz
Especial para Estruendomudo
Cuando durante este pasado verano nos enteramos de la composición de la Junta de Gobierno que velará por la programación artÃstica y la salud fiscal del Teatro de la Universidad, que será reinaugurado a mediados del próximo mes de septiembre, sabÃamos que tarde o temprano la polémica se harÃa pública. No se puede negar que existe un claro conflicto de intereses al permitir que personas ajenas a la comunidad universitaria tengan voz y voto en las decisiones sobre el Teatro, incluyendo la elección de su administrador. Sobretodo personas que producen espectáculos, como lo es el caso de Angelo Medina y Guillermo MartÃnez, o están asociadas profesionalmente con otros productores comerciales del patio, como lo es el caso del amigo Silverio Pérez cuyo manejador todo el mundo sabe que es el productor Rafo Muñiz. Tal y como cándidamente se declara hoy en la prensa del paÃs, las repetidas ausencias de Medina a las reuniones de la Junta desde su nombramiento, “por problemas de tiempoâ€, lo que demuestra es que sus prioridades son otras.
No podemos olvidar que tanto Medina como Muñiz forman parte de la Junta Directiva del recién creado Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico que, bajo el amparo de la Oficina de Espectáculos Públicos del Departamento de Hacienda y con la bendición del Gobernador, fue creado con la intención de controlar la producción de eventos en la isla mediante la imposición de una elevada cuota de membresÃa. Cuando todavÃa el Colegio de Productores era un Proyecto de Ley, sometido por los senadores Jennifer González y Ferdinand Pérez, fuimos los “teatrerosâ€, miembros de la mayorÃa de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la producción cultural en el paÃs, quienes dimos la voz de alerta en la Legislatura sobre la inconstitucionalidad de esa Ley ya que la manifestación artÃstica está garantizada en la constitución como un derecho a la libre expresión, además de ser una violación a nuestros derechos humanos en poder contribuir al desarrollo cultural y social de la comunidad en que vivimos. Aún asà la Ley fue aprobada y firmada por el Gobernador permitiendo, entre otras cosas, que una organización privada ocupara las funciones de la Oficina de Espectáculos Públicos de Hacienda al convertirla en su agencia de cobro de multas y sanciones a toda persona que no haya sido certificada por ellos, dejando que los recaudos o ingresos derivados de la imposición de las multas puedan traspasarse a un fondo especial del Colegio de marras, disfrazado como un Fideicomiso sin fines de lucro justificando una misión “filantrópica†que nos es otra cosa que acogerse a beneficios contributivos producto de sus actividades comerciales y lucrativas, además de tener acceso a los mismos fondos destinados a las organizaciones sin fines de lucro con base cultural y educativa, pero con la ventaja y control de decidir quien hace espectáculos públicos en Puerto Rico. Como las organizaciones teatrales sin fines de lucro se opusieron, quedaron exentas dentro de la Ley de pertenecer al Colegio, pero de todas formas se les restringe el acceso a fondos y oportunidades económicas. Y no hay garantÃas de que eso se mantenga asà en un futuro. Para colmo de males, la misma Ley que los reconoce como productores comerciales, pero los faculta para crear un organismo paralelo sin fines de lucro, también les permite organizar y producir actividades polÃtico partidistas. Más claro no canta un gallo.
Sorprende que respetados miembros de la comunidad universitaria y con amplia trayectoria en el quehacer teatral del paÃs, que forman parte de la Junta de Gobierno del Teatro de la Universidad, avalen la presencia en la Junta de entes ajenos a la verdadera misión y polÃtica que debe regir en el máximo escenario universitario. Ellos saben muy bien que anterior al cierre del Teatro para su remodelación los miembros encargados de evaluar las solicitudes de uso del espacio eran exclusivamente de dentro de la comunidad universitaria. ¿Por qué pretenden cambiar eso ahora? ¿Por qué pecar de ingenuos?
La administración del actual gobierno del paÃs está en record como una que ha estado atropellando continuamente los intereses de los trabajadores de la cultura puertorriqueña para beneficiar el oportunismo polÃtico y económico de unos pocos. No debemos olvidar que la primera gran protesta hacia la Fortaleza, durante el presente cuatrienio, la hicimos los “teatreros†ante la cancelación de funciones de teatro educativo como parte de la gestión de la Ex-Secretaria de Educación, Dra. Gloria Baquero, obedeciendo a una directriz directamente desde la Oficina de la Primera Dama. Situación que no ha mejorado con la llegada del Dr. Aragunde, como quieren hacer creer algunas personas, como tampoco ha servido para aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes del sistema de educación pública del paÃs, como supuestamente era la intención. Mientras tanto, seguimos observando como miles largos de fondos federales destinados a fomentar las actividades extracurriculares de los estudiantes son otorgados a los mismos productores de espectáculos de dudoso enfoque académico por encima de propuestas altamente cualificadas y orientadas a enriquecer el currÃculo escolar. Existe la sospecha de que por debajo de la mesa pasan su tajada a funcionarios inescrupulosos en el Departamento de Educación (encargados de distribuir esos fondos) y porque no para el financiamiento de las campañas polÃticas. De esa primera protesta en Fortaleza, pasando por la cancelación de la emisión diaria del Programa Cultura Viva, los aumentos en los cánones de arrendamiento y servicios en el Centro de Bellas Artes de Santurce, el cierre del Taller Actoral en WIPR Radio y las protestas públicas que se realizaron sobre el asunto, en unión al desastre administrativo que permea en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo la incumbencia del Dr. José Luis Vega en su Dirección Ejecutiva, las esperanzas para un cambio positivo en la polÃtica cultural del paÃs durante este gobierno hace rato se esfumó. Lo único que nos queda es la resistencia y la militancia. El único camino posible es seguir denunciando la realidad detrás de tantas “buenas intencionesâ€.
No se trata de paranoia universitaria y socialista. Se trata de lo que dÃa a dÃa estamos viviendo en el paÃs. De frente se dice una cosa, pero luego descubrimos que por detrás la realidad es otra. Aumentar exorbitantemente el canon de arrendamiento del Teatro de la Universidad, comparado con el costo anterior a su remodelación o al costo real de su operación diaria por actividad cuando sea inaugurado, provocará irremediablemente el aumento en el costo de los boletos y la ausencia de muchas actividades patrocinadas por entidades sin fines de lucro. Eso sin contar con que hay que aplicar el descuento por Ley a los envejecientes e impedidos, como polÃtica gubernamental para ganar votos a costa del bolsillo de los productores. Asà que veremos a los nombres de los mismos productores pudientes con el pase misÃn de fechas, tal y como pasa en el CBA y el Coliseo. Es importante allegar fondos para el mantenimiento del Teatro, pero no a costa de poner en riesgo el derecho de muchos a poder presentar sus propuestas en el espacio.
Fomentamos el que se cree un balance en la programación del Teatro de la Universidad como era antes de su remodelación, pero también el que se le garantice, a los estudiantes universitarios y a la comunidad en general, la entrada a las actividades a precios populares para que ningún productor pretenda lucrarse, mucho menos la administración universitaria con la excusa del mantenimiento al Teatro. Que sepamos en el pasado no hubo quejas sobre estos asuntos, pero sobre todo es importante que el Teatro pueda estar disponible para ser parte del laboratorio que todo estudiante del primer centro docente del paÃs debe tener dentro del currÃculo del Departamento de Drama. No se debe permitir sacar por ejemplo, como se comenta insistentemente, el taller de escenografÃa para los estudiantes de Drama del sótano del Teatro, como era el uso y costumbre, y mandarlos al jurutungo universitario lejos de donde deben formarse. Esa batalla, asà como otras que sabemos habrá que dar en el futuro cercano, nos corresponde a todos: administradores universitarios, profesores, estudiantes, ex-alumnos, trabajadores de la cultura y comunidad en general.