Crónicas de la Milla de Oro: A 10 días del cierre gubernamental del Estado Libre y Asociado

Por Tomás Redd®
Especial para Estruendomudo

El 2 de mayo de 2006, fue un día como cualquier otro en las 3 cuadras que componen el supuesto financial district de Puerto Rico –la milla de oro, como le dicen comúnmente los outsiders, los que no son del barrio, pues muy pocos en Hato Rey emplean ese término-. La noche antes, varios trabajadores se dieron la tarea de recoger banderines de varios colores con logos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Federación de Maestros y sustituir tres o cuatro cristales rotos que los nenes y nenas del Frente Socialista habían quebrado mientras demostraban su indignación a lo que entienden es un atentado contra “la clase trabajadora” y “los pobres” orquestado por “los grandes intereses”: el cierre del gobierno que sólo se resuelve con un impuesto a la venta. Su versión flácida de los “Days of Rage” a la usanza del Weather Underground, o los Weathermen de los 70’s tuvo dos efectos inmediatos: la indignación de aquellos que tuvieron que quedarse horas extra a limpiar el reguero (especialmente los part-timers de McDonalds) y la risa socarrona de dos o tres banqueros y abogados regordetes y engabanados que miraban el show desde sus oficinas en el piso 10 del Hato Rey Tower.

Al amanecer, sólo un recuerdo/mensaje quedó impregnado en las paredes del vecindario para el disfrute de los miles que fueron despachados temprano ese día (sin cargo a vacaciones o enfermedad, por si acaso) y por ende no estuvieron presentes: “Que paguen los ricos”. Este mantra convertido en propuesta de lucha, contrario a lo que esperaban, no encontró mucha oposición entre los asalariados de la zona pues es un principio básico de cualquier sistema tributario. Según plantea la teoría, los que ganan lo mismo tienen que pagar lo mismo y los que ganan más tienen que pagar más; debe existir un elemento de justicia en el sistema, de lo contrario, sucede lo que nos tiene en tranque hoy: pagan unos cuantos, pagan mucho y, para colmo, no lo suficiente para cubrir los gastos. El mensaje de los “socialistas” está parcialmente a tono con lo que cualquier CPA recetaría. Los sindicalistas y “sandalistas” –término comúnmente aplicado a las huestes juveniles que se trasladan a Caracas para recibir entrenamiento ideológico– al igual que el ejecutivo, plantean que hay que hacerles llegar más dinero a las arcas del gobierno pues para que todos los antes mencionados puedan seguir mamando de la gran teta, el ELA necesita ser rescatado de la bancarrota. Se necesita una nueva inyección de dinero. Ya no nos da con lo que los federales sueltan anualmente y los intereses de los préstamos, gracias a nuestro crédito maltrecho, nos están partiendo en dos. Pero, ¿y los gastos del gobierno? Muy bien, gracias.

Minutos después de que se pronunciaran los representantes de las organizaciones que se dieron cita a la avenida Ponce de León tomó la palabra Ricardo Santos, el de facto líder de la pandilla justiciera que irónicamente no representa a ningún trabajador gubernamental cesanteado. Inspirado por la retórica anacrónica de los discursos de los 60’s y 70’s, el eterno caudillo sindical arremetió contra los bancos, las megatiendas, la globalización y, por supuesto, los adinerados. Allí, frente a su matrícula, explicó que la culpa de todo esto la tiene el gobierno y los que más ingresos ganan. No obstante, nunca definió quienes son estos últimos. ¿Estarán incluidos los unionados de la Unión de Trabajadores de la UTIER que se ganan sobre $70,000 dólares al año? ¿Serán las familias que ganan sobre $19,800 dólares, esas cuyos ingresos están por encima de la línea de la pobreza según el Censo? ¿Son éstos los “ricos” que deben pagar más? Su estrategia no puede estar enfocada únicamente en que sean los bancos y las megatiendas los que paguen, pues el efecto sería aún más perjudicial para los trabajadores. En el momento en que se le aplique el 5% adicional a “los grandes intereses”, sus contables y estrategas financieros probablemente harán dos cosas que están dentro del marco de la ley: aumentarán los precios de los bienes y reestructurarán sus finanzas para reducir su carga impositiva (posiblemente declarado mayores pérdidas, comprando instrumentos de inversión exentos, etc.) El saldo final de la gran estrategia de los sindicatos y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP): un nuevo impuesto no declarado al consumo sumado al nefasto efecto cascada del arbitrio y una insuficiencia de fondos en la caja del gobierno.

¿Qué pasó con la reforma contributiva que quería poner a pagar a los evasores, o mejor dicho, a la economía informal? ¿Por qué dejamos de hablar de meterle la mano en el bolsillo a esa gran masa que incluye doctores, abogados, consultores, bichotes, pimps y chiriperos? Es con este corillo en mente que tenemos que hablar de una reforma contributiva que amplíe la base de contribuyentes. En otras palabras, que sean más los ciudadanos que costean por los salarios de los maestros, las dietas de la legislatura, el bitumul de las vías de rodaje y la Orquesta Sinfónica.

Ciertamente un impuesto al consumo se encargaría de capturar una parte de esa economía. Sin embargo, ese mismo impuesto afectaría más a los que menos tienen. Por ejemplo: 50 centavos de impuesto sobre un six pack de Coors Light le erosiona el bolsillo más al que tiene $3 de presupuesto que a aquel que cuenta con $1,000 para gastar. El maldito efecto regresivo sirve de coartada para que la desgastada izquierda “combativa” del país tire por la borda cualquier intento de repensar este desbarajuste. ¿Por qué mejor no atendemos el carácter regresivo del impuesto y les damos un crédito contributivo a los trabajadores pobres? Además, cualquier impuesto al consumo debe venir acompañado de unas tasas menores de contribución sobre ingresos. Es decir, que cada quincena el Estado Libre Asociado (ELA) nos debe quitar mucho menos del cheque porque ya nos están dando un cantazo al comprar condones, cigarrillos y arroz frito. Las madres y padres solteros, los pensionados y algunos otros que sudan la gota gorda también deben de estar protegidos.

El flanco retrógrado del movimiento obrero unido (MOU) ha decidido no entrar en esta discusión porque pretende copar el terreno ideológico avalando el discurso de la crisis revistiéndolo como una lucha de clases. Creen, erróneamente, que sus estribillos trillados galvanizarán los sentimientos patrióticos y revolucionarios de una izquierda que cada vez más se afianza en el melonismo (se les dice melones a los independentistas que votan por el partido oficialista para evitar que el partido de la estadidad gane las elecciones) que campea por la salubridad del ELA. Sin embargo, con cada día que pasa su poder de convocatoria se diluye pues sus colegas de la CPT, FTPR y el CUTE, entre otros grupos ahora bautizados como MASO, han planteado que quieren negociar cómo se va a implantar un impuesto al consumo sin penalizar injustamente a la clase trabajadora. Esta movida, ha traído un poco de sensatez a las filas del movimiento obrero y posiblemente logrará cambiar el tono y contenido del debate.

Más allá de la falta de profundidad en los argumentos de una rama del sector sindical, entiendo que es hora de preguntar ¿por qué a los dirigentes del MOU, a Aníbal y a Primitivo no se les ha ocurrido plantear algo tan sensato como evaluar el impacto que tienen las numerosas exenciones contributivas antes de dispararse a proponer nuevos impuestos? ¿Sabemos cuánto nos cuestan y cuántos beneficios netos generan para la economía y los individuos? ¿Qué hay con los impuestos sobre la propiedad en este país? ¿Alguien nos puede explicar por qué estamos cobrando impuestos sobre valores de tasaciones determinados en los 50’s? Este tipo de impuesto lo pagarían todos los propietarios y tendría un efecto progresivo (opuesto al efecto regresivo del impuesto al consumo) pues el que tiene una mansión en Garden Hills, dado el alto valor de su pequeño feudo, terminará pagando más que el que acaba de comprar su apartamento en el residencial Manuel A. Pérez. Por ahí va la cosa.

Al finalizar la gran marcha de los trabajadores por la milla de oro, los simpatizantes y observadores se trasladaron a sus respectivos destinos para ver el debut de la telenovela Dueña y Señora o seguir con sus vidas. No obstante, un gran elefante blanco permanecía varado en el medio de la avenida. Su presencia se debía a una gran omisión discursiva. Durante la hora y pico que consumieron los próceres de la izquierda criolla, nadie, absolutamente nadie, habló en detalle sobre la otra gran parte de la ecuación: el abultado gasto gubernamental. La razón es sencilla: cortar gastos implica meterle mano a la nómina, uno de los grandes renglones del presupuesto gubernamental. Esto, a su vez, implica hablar de eliminación o congelación de plazas, límites en los aumentos salariales y la contratación de trabajo por contrato. Ninguno de estos asuntos es negociable para el movimiento obrero. En su lógica perversa, el único reclamo válido es el que se realiza para recaudar mayores ingresos que puedan mantener al ELA boyante y gastando pues de algún lugar tienen que venir los pagos de las cuotas. Pero, ¿no son estos mismos los que se alían con el Frente Socialista y otros grupos que buscan derrocar al sistema colonial? Parece que la falta de propuestas laborales de avanzada los ha forzado a convertirse en una especie de milicia circense defensora del ELA.

Las declaraciones del MASO indican que al menos hay luz al final de un largo túnel. Algo parecido sucedió en Irlanda durante los 80’s cuando, durante una de las recesiones económicas más profundas que evidenciaron los celtas, el movimiento obrero y el gobierno llegaron a un pacto: las uniones acordaron no sólo aceptar reducciones en el gasto público sino que moderaron sus exigencias salariales a cambio de que el gobierno no recortara programas sociales y reformulara el sistema tributario para el beneficio de los trabajadores. Eventualmente Irlanda salió del atolladero económico y los sindicatos cobraron fuerza y poder de convocatoria. Fueron vistos como representantes bona fide de sectores amplios y defensores de los pobres y los marginados en un momento histórico donde estaban perdiendo matrícula y su discurso se consideraba irrelevante. En otras palabras, tomaron medidas que aparentemente atentaban contra sus intereses institucionales para garantizar su supervivencia en el largo plazo.

Les llegó la hora a los sindicalistas del patio. Mientras triunfe la retórica y los modelos de negociación del siglo pasado, seguramente sus días están contados.

-T.R.